Nadie lo hubiera vaticinado en julio de 2006, cuando se produjo el cambio de gobierno, pero el PAP –un partido orgulloso de su pasado laboralista y sindical– ha cumplido ya dos años de su mandato y la Ley General del Trabajo sigue sin aprobarse en el Congreso, tal como sucedió a lo largo de los cinco años en que el toledismo estuvo en el poder.
Pese a los más de 25 meses transcurridos –que se suman a los casi seis años empleados en consensuar un 90% de la LGT por empresarios, gremios sindicales y Estado en el Consejo de Trabajo– nadie tiene claro si el gobierno del PAP piensa dar luz verde a esta imprescindible norma legal. Lo más cercano que se estuvo de esto fue cuando la Comisión de Trabajo del Congreso culminó hace dos legislaturas la aprobación del articulado faltante y se dijo que el proceso culminaría en la Comisión Permanente. Pero nada, la LGT siguió en la congeladora.
Algo parecido ocurrió en la pasada legislatura, cuando se declaró que el Congreso había acordado "darse un plazo" para estudiar el proyecto. Pasó la legislatura completa y ha pasado parte de esta, pero nadie sabe hasta cuándo el Legislativo piensa extender dicho plazo. Hasta hace pocos meses había protestas, y dirigentes laborales como Mario Huamán argumentaban que en verdad el gobierno carecía de interés en una LGT y por ello no movería un dedo para que exista.
Para los malpensados, cuyo número es legión a estas alturas, cuanto ocurre responde a complicidad con las presiones de sectores empresariales representados en el seno del Ejecutivo, que organizan un griterío contra la LGT cada vez que algún sector ha pretendido aprobarla. Incluso el actual presidente de la CONFIEP ha reclamado que el proceso vuelva a fojas cero, pese a que lleva ya seis años de maduración. Es que estos sectores ven la proyectada LGT –cualquiera que sea– como un atentado contra el modelo económico neoliberal vigente, que requiere de "flexibilización" laboral y sindicatos débiles a fin de que no puedan impulsar la negociación colectiva de sueldos y salarios y exigir el respeto de la ley en un país en que los despidos por el "delito" de formar un sindicato son cosa de todos los días.
El modelo exige sueldos y salarios diminutos, tal como se observa en los indicadores económicos, de los cuales el único que desciende y no acompaña la euforia de cifras en azul es el salarial. El Estado, árbitro a quien corresponde equilibrar la relación entre capital y trabajo, debería intervenir para normalizar las cosas, pero no lo hace. Y el Perú sigue siendo uno de los dos únicos países que no cuentan con LGT en el continente, pese a que el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso habla nuevamente de aprobarla. Que nos disculpe, pero no le creemos.
